El colectivo empresarial, formado por gigantes con cientos de autobuses, como Avanza, Alsa y Samar (copan un 70% del servicio público regular), y pymes con escasa cantidad de vehículos, tiene múltiples frentes de confrontación con la Administración, pero estalla en demandas cada vez que llega el momento de renovar las concesiones de las grandes líneas.
“Además del excesivo peso que se daba a la oferta económica, uno de los problemas fue que la asignación de puntos era lineal, a mayor baja te llevabas más puntuación, lo que incentivaba las ofertas temerarias”, explica Rafael Barbadillo, director general de la patronal Confebus, “esperamos que en los nuevos pliegos se opte por una fórmula curva para atenuar las bajas”.
Pese a que la LOTT lo permite, el Ministerio de Fomento no ha exigido canon alguno a las empresas que explotan las grandes líneas (tampoco las subvenciona como obligaciones de servicio público), pero sí ha optado por un mayor control sobre las líneas con un gran recorte de plazo.
Entre la líneas por renovar se encuentran algunos de los de mayor densidad de usuarios: la Madrid-Zaragoza-Barcelona; Madrid-Alicante, o la Madrid-Teruel-Valencia. Otras más cortas, pero con miles de usuarios al año y básicas para la movilidad como: Madrid-Segovia.
Se trata de líneas que suman una facturación de 350 millones anuales y cuyo plazo de explotación en 43 casos vencieron entre 2012 y este 2017, siendo prorrogadas muchas de ellas por los dos años que prevé la Ley de Contratos.
Noticias – SATTRA | Imagen – Agencias sociales